El Alto Comisionado de la ONU para los DDHH, Alberto Brunor, y la directora de la JEP, Patricia Linares. El Alto Comisionado de la ONU para los DDHH, Alberto Brunor, y la directora de la JEP, Patricia Linares.
El Alto Comisionado de la ONU para los DDHH, Alberto Brunor, y la directora de la JEP, Patricia Linares.
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ONU Derechos Humanos ratifica su apoyo a la JEP en Colombia

Según el Comisionado, este tribunal es una esperanza para las víctimas.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ratificó hoy su apoyo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano.

"La JEP es una esperanza para las víctimas que llevan décadas exigiendo justicia", afirmó en un comunicado el representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Alberto Brunori.

Agregó que "la verdadera paz pasa por la verdad, la justicia, la reparación, la memoria y las garantías de no repetición de violaciones de derechos humanos".

"Por eso desde ONU Derechos Humanos apoyamos el trabajo de la JEP y buscamos fortalecerla a través de asesoría técnica y apoyo estratégico", agregó Brunori, que dijo esperar que el Congreso reglamente "lo más pronto posible"
ese tribunal.

El pasado 29 de mayo, las comisiones primeras del Senado y de la Cámara de Representantes aprobaron en primer debate el proyecto de ley que reglamenta la JEP y que establece no tiene facultades para suspender procesos de extradición a propósito del caso del exguerrillero Jesús Santrich.

"El mandato de la Oficina es velar para que todos los estándares internacionales y las recomendaciones, en materia de derechos humanos, sean acogidas e implementadas en el día a día por las instituciones del Estado, incluido el Congreso, y por la sociedad civil", señaló Brunori.

El 17 de mayo, la JEP tomó la decisión de suspender el trámite de extradición a Estados Unidos de Jesús Santrich, líder del partido político de la FARC que fue capturado el 9 de abril con base en una circular roja de Interpol.

La justicia de Estados Unidos lo acusa de tener un acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína a ese país después de que las FARC firmaran el acuerdo de paz en noviembre de 2016, lo que lo dejaría sujeto a la extradición.

Por otra parte, la Oficina de ONU Derechos Humanos firmó ayer un acuerdo de entendimiento con la JEP en el que se compromete a colaborar y cooperar para fortalecer la capacidad de ese tribunal.

"Preservar y fortalecer la JEP es parte de la construcción de la paz (...) Nuestra labor con la JEP estará guiada por la búsqueda de la garantía efectiva de los derechos y la promoción del mandato amplio del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición en el país". concluyó Brunori. 

EFE
 

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